De forma clara y dura expone a la primera edil y al concejal ciertos elementos y ciertas circunstancias que no parecen estar encuadradas en una correcta aplicación de las normas.
Para empezar considera la inmigración ilegal un asunto de ámbito estatal y de competencia del Gobierno Nacional.
Añade que el empadronamiento es una actividad reglada y no discrecional por lo que no entiende que resultados puede tener cualquier iniciativa sobre el mismo.
Se pregunta qué fraudes se han detectado en el padrón cuando el concejal de seguridad se refiere a controlar fraudes.
También denuncia las competencias que al parecer se pretenden dar a la Policía Local sobre el asunto ya que éstas están fijadas por las leyes y que en referencia a los empadronamientos se cumple escrupulosamente con la legalidad vigente, y si esto no fuera cierto insta al concejal de seguridad a denunciar los casos en los que haya habido irregularidades ya que «no suele meterse en un plan de choque lo que se hace bien».
Sobre las denuncias anónimas a las que hace referencia Ortolá, y «de las que existe interesantísima jurisprudencia» se pregunta:¿Denuncias de qué?
Al final del escrito, solicitan a la Alcaldesa, por escrito, los informes técnicos, jurídicos y profesionales en los que se ha basado su concejal para «su triunfal plan de choque, datos de fraude que maneja, conceptos en los que se ha producido el fraude y medidas adoptadas…O si simplemente se trata de unas ideas propias y originales de la referida concejalía»
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