Compromís per Castelló ha denunciado que el gobierno de Begoña Carrasco ha vetado el debate sobre la Ley 1/2024, conocida como Ley Rovira, en el Pleno municipal de febrero. La coalición valencianista había presentado una moción para que se convocara urgentemente el Consejo Escolar Municipal y se abordaran los efectos de esta ley sobre la comunidad educativa, pero el gobierno local ha impedido que la propuesta llegue a debate.
El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Ignasi Garcia, ha calificado esta decisión de «censura» y ha acusado a la alcaldesa de priorizar los intereses del Partido Popular por encima de las necesidades de las familias castellonenses. «Begoña Carrasco, en una decisión autoritaria, ha impedido que se hable en el Pleno de una ley que afecta directamente a miles de familias de nuestra ciudad. No quieren que se debata porque saben que esta norma genera desigualdad y ataca el valenciano en las aulas», ha denunciado Garcia.
La FAMPA Castelló-Peñagolosa ya solicitó que este asunto se tratara en el Consejo Escolar Municipal, pero, según Garcia, el gobierno municipal ha ignorado esta petición. «La señora Carrasco, en lugar de escuchar a la comunidad educativa, ha decidido bloquear el debate y evitar que se hable de las consecuencias reales de esta ley. Primero defiende los intereses de su partido y después, si queda tiempo, se preocupa por la ciudad», ha añadido.
Compromís ha reiterado su oposición a la Ley Rovira, que considera un ataque al modelo de inmersión lingüística y a la igualdad de oportunidades en el sistema educativo. La formación insiste en que la normativa fragmenta al alumnado, crea guetos educativos y pone en riesgo el futuro del valenciano en la enseñanza.
Ante este veto, Garcia ha asegurado que Compromís seguirá luchando para garantizar que las familias de Castelló tengan toda la información necesaria sobre la ley y para defender un sistema educativo en igualdad de condiciones para todos. «El PP puede intentar silenciarnos en el Pleno, pero no conseguirá callar a la sociedad valenciana, que sabe que esta ley es un gravísimo retroceso en derechos y en calidad educativa», ha concluido Garcia.
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