Compromís urge al Ayuntamiento a garantizar la subrogación de la plantilla en el nuevo contrato de recaudación

Compromís per Castelló ha instado al gobierno municipal a incluir la obligación de subrogación de la plantilla en el nuevo contrato del servicio de recaudación de ingresos municipales, actualmente en proceso de licitación. La formación considera que la decisión del bipartito de no incorporar esta cláusula supone una falta de reconocimiento hacia las 22 personas que durante años han prestado este servicio, y abre la puerta a su sustitución por parte de la nueva empresa adjudicataria.

“El Partido Popular vuelve a ponerse del lado de los poderosos, en lugar de defender a los trabajadores y trabajadoras”, ha afirmado el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia. “No incluir la obligación de la subrogación en la licitación del contrato de recaudación, además de no respetar lo que establece el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 44, es facilitar que la empresa que entre despida a la gente que está trabajando ahí, perdiendo la antigüedad, perdiendo derechos laborales, pero sobre todo haciendo que la ciudad pierda la experiencia y el conocimiento que han adquirido durante estos años”, ha añadido.

Además de la normativa estatal, Compromís recuerda que el Acuerdo Autonómico en materia de contratación pública —concretamente en su apartado 5.2— prevé que debe aplicarse la subrogación del personal incluso cuando no exista un convenio sectorial específico o no sea directamente aplicable el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Se trata de un compromiso entre instituciones y agentes sociales para garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo en los servicios externalizados.

Por ello, Compromís considera que el gobierno de Castelló debe actuar con responsabilidad e incorporar esta obligación en los pliegos antes de que se adjudique el contrato. Si alguna de las empresas licitadoras no está de acuerdo, entienden que debe ser dicha empresa la que recurra la cláusula. La coalición rechaza que tengan que ser los trabajadores y trabajadoras quienes carguen con la defensa de sus derechos mientras la administración se mantiene al margen.