Compromís per Castelló ha advertido que el gobierno de Begoña Carrasco lleva dos años sin actualizar los convenios con las entidades del tercer sector, lo que pone en riesgo la continuidad de muchos servicios sociales en la ciudad. Según explica la coalición, mantener congeladas estas aportaciones mientras aumentan los costes estructurales supone reducir de facto los recursos disponibles para atender a usuarios y usuarias. Por ello, plantean una revisión de los convenios que garantice la estabilidad de las entidades y el correcto funcionamiento de sus proyectos.
La formación ha recordado que, desde el inicio de la legislatura, han presentado diversas enmiendas a los presupuestos municipales y mociones al Pleno para adaptar estos convenios al incremento del IPC y al fuerte aumento de los precios del alquiler. Todas estas iniciativas han sido rechazadas por el Partido Popular.
«En los dos años que Begoña Carrasco lleva como alcaldesa de Castelló no ha actualizado los convenios con las asociaciones del tercer sector para poder hacer frente a los precios del incremento del alquiler, entre otras cosas. Un caso significativo es el de APNAC. Desde Compromís le exigimos que trabaje para que se reduzca ese alquiler y para que el año que viene se actualicen todos los convenios con todas las asociaciones del tercer sector», ha afirmado el concejal Pau Sancho.
El centro de día de APNAC, la asociación que atiende a personas con autismo, está ubicado en un local propiedad de la Fundación Caja Castelló, por el que pagan 4.000 euros mensuales. Aunque este año el precio del alquiler no ha aumentado —una gestión que Compromís agradece a la alcaldesa—, la coalición considera que esta medida es insuficiente para garantizar la viabilidad del proyecto a medio plazo. En este sentido, piden a Carrasco que, como miembro del patronato de la Fundación Caja Castelló, interceda para rebajar el alquiler del local de APNAC y facilitar así que más recursos se destinen directamente a la atención de las personas.
Desde Compromís también han insistido en la necesidad de tratar con especial cuidado a las entidades que trabajan sin ánimo de lucro en el ámbito del bienestar social, garantizándoles estabilidad para desarrollar su labor. La coalición defiende que deben establecerse mecanismos de revisión anual de los convenios sociales para adaptarlos a la evolución de los precios y garantizar que todas las entidades puedan seguir prestando servicios esenciales para la ciudad.
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