Esperemos que algunos magistrados, jueces y fiscales no tengan que arrepentirse de su falta de compromiso ante una situación que amenaza seriamente la independencia del poder judicial.
El anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pretende aumentar el poder del Fiscal General del Estado, nombrado por el Ejecutivo, reduciendo la autonomía interna y quebrantando la independencia judicial poniendo en peligro la propia democracia.
Jueces y fiscales ya han dejado claro que no se trata de ir en contra del poder legislativo sino de defender el poder judicial y su necesaria independencia.
La Constitución erigió tres garantías básicas: El imperio de la ley, la separación de poderes y un Poder Judicial independiente. Esas garantías, salvaguardas de nuestra democracia, están hoy bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas que conducen a una “dictadura Sanchista”, sin división de poderes no hay democracia.
Un manifiesto emitido por la mayoría de las asociaciones de jueces ya demandaba la existencia de un poder judicial fuerte e independiente, que “no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos» y que solo con una Fiscalía imparcial y libre de injerencias políticas puede preservarse la salud democrática del país.
Dentro del propio seno del CGPJ,la huelga de los días 1, 2 y 3 de julio se ha convertido en un nuevo asunto divisorio entre conservadores y progresistas a pesar de que se hizo un llamamiento a la responsabilidad institucional del cuerpo.
Un acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, del pasado 26 de junio, en relación con el anuncio de convocatoria de huelga en las Carreras Judicial y Fiscal para los próximos días 1, 2 y 3 de julio remitido por varias asociaciones judiciales, niega el derecho a la huelga de los jueces.
“Carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el Consejo General del Poder Judicial de competencia para ello, fijar servicios mínimos.”
No terminan ahí las “amenazas” encubiertas dirigidas a los jueces: “En ningún caso, este nuevo paro, de producirse, debería afectar al reparto de asuntos, a los servicios de guardia, a las decisiones urgentes de instrucción, a los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales, a los procesos o incidentes en que intervengan personas vulnerables, a las medidas cautelarísimas, y, en general, a cualquier otra decisión judicial inaplazable o cuya demora resulte inconciliable con los derechos fundamentales o con la dignidad de un poder del Estado como es el Poder Judicial.
Es decir, no pueden ustedes hacer huelga.
Incluso, durante la mañana de ayer, se produjeron llamadas telefónicas, a jueces y fiscales, en tono poco correcto, preguntando por sus intenciones, algo muy poco democrático si atendemos al derecho a decidir si se va o no a la huelga sin tener que dar explicaciones a superiores, menos aún con un día de antelación.
En fin, todo muy democrático.
WOW Castellón 