Compromís per Castelló ha exigido a la alcaldesa Begoña Carrasco que reclame al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la retirada inmediata del decreto ley aprobado por el Consell que rebaja la protección ambiental y abre la puerta a un aumento de la contaminación acústica del polígono industrial del Serrallo.
Según ha explicado el portavoz municipal de Compromís, Ignasi Garcia, “la legislación que ha aprobado el Partido Popular perjudicando la calidad ambiental de las familias que viven alrededor del polígono industrial del Serrallo y dando carta blanca para la contaminación acústica a las empresas que lo componen es totalmente inaceptable. Hemos visto cómo el Ayuntamiento de Almassora ha declarado que acudirá al Defensor del Pueblo para defender los derechos de sus vecinos y vecinas, y desde Compromís per Castelló queremos que el Ayuntamiento de Castelló se sume a esta iniciativa y defienda también los derechos del vecindario del Serrallo, que no tiene por qué sufrir una contaminación acústica mayor de la que corresponde solo porque el Partido Popular ha decidido legislar en contra de la gente y a favor de las empresas”.
Compromís ha denunciado que este decreto ley se aprobó por vía de urgencia, evitando así los canales habituales de publicidad y participación previa, y acusa a Carrasco de haber callado ante esta maniobra. “El silencio de la alcaldesa ha impedido que el Ayuntamiento de Castelló pudiera recurrir al Tribunal Constitucional, como sí ha hecho Almassora gracias a la denuncia de Compromís”, ha señalado Garcia.
La coalición valencianista también ha subrayado que tanto el PP de Almassora como el de Castelló eran conocedores de esta modificación legislativa, hecha “a medida” para favorecer a las empresas del polígono. “Callaron ambos, y si no hubiera sido por la denuncia de Compromís, hoy el vecindario no tendría ninguna defensa. En Almassora se pudo llevar a pleno a tiempo y recurrir, pero en Castelló, como no ha habido pleno desde que lo denunciamos, hemos perdido la oportunidad de acudir al Constitucional”, ha remarcado Garcia.
Compromís ha concluido que la situación es “una barbaridad política y ambiental” y reclama a Carrasco que rectifique, que defienda a sus vecinos y vecinas y que exija a Mazón la retirada inmediata de un decreto que solo beneficia los intereses privados a costa de la salud y el bienestar de la ciudadanía.
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