Compromís per Castelló ha criticado duramente que el Pleno de noviembre se rechazara la moción para denunciar la finalización de la concesión del servicio de agua potable y crear una comisión de estudio sobre su gestión. La propuesta, presentada por el portavoz valencianista Ignasi Garcia, fue bloqueada por el gobierno de Begoña Carrasco y también por el PSOE.
Garcia ha recordado que la ciudad continúa funcionando con un contrato firmado en 1983, “escrito a máquina, caducado desde hace más de dos décadas y prorrogado automáticamente gobierno tras gobierno sin ninguna justificación ni transparencia”. Según explica, el contrato original establecía 20 años de duración y permitía prórrogas de 5 años hasta un máximo de 50, siempre que el consistorio no denunciara la finalización. “Las prórrogas se han ido encadenando desde 2003 y la última denuncia posible debería haberse hecho antes del 1 de abril de 2026”, ha lamentado.
El portavoz de Compromís ha responsabilizado a PP, Vox y PSOE de “volver a impedir que se abra el debate sobre un recurso esencial”. Garcia ha reconocido también que esta revisión tampoco se impulsó durante los anteriores gobiernos progresistas: “Es cierto y hay que decirlo con honestidad: Compromís lo defendió, pero el PSOE no quiso abrir el debate. Y ahora han vuelto a votar con la derecha”.
Una concesión obsoleta y fuera del marco legal actual
Compromís recuerda que el contrato actual se basa en el Reglamento de Contratación de 1953 y que la legislación relativa al agua, a los derechos humanos y a la contratación pública “ha evolucionado profundamente desde 1983”. Garcia señala que el Estatuto valenciano, la legislación europea y Naciones Unidas reconocen el agua como un derecho humano, y que la actual concesión “no permite adaptar la gestión ni a la sostenibilidad, ni a los retos climáticos, ni al control público, ni a la normativa contractual que establecen las leyes actuales”.
Además, Compromís denuncia que el Ayuntamiento “ni siquiera dispone de datos sobre la recaudación que la empresa obtiene con las tarifas, un hecho que a nuestro parecer es grave y que deja al consistorio sin capacidad real de gobernar un servicio esencial”.
La moción defendida por Garcia planteaba dos acuerdos clave: denunciar la finalización de la concesión el 1 de abril de 2028 e iniciar el régimen transitorio previsto en el contrato, y crear una Comisión No Permanente de estudio para elaborar el informe de viabilidad económica y definir el mejor modelo de gestión pública, tal como exige la Ley de Contratos del Sector Público. “Hablamos de transparencia, de modernizar el servicio y de analizar de forma rigurosa cuál es el mejor modelo para el bien común. No hay nada más sensato”, ha afirmado el portavoz.
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