Compromís per Castelló ha alertado que, según los datos oficiales facilitados por el propio gobierno municipal, más del 25% de las multas que el Ayuntamiento no llegó a cobrar en 2023 corresponden al concejal del Partido Popular Cristian Ramírez, quien acumulaba 104 sanciones impagadas mientras ejercía responsabilidades públicas en el área de Movilidad. La coalición considera que esta información obliga a la alcaldesa a dar explicaciones inmediatas y a revisar qué ha fallado.
“Ramírez no pagaba la zona azul ni las sanciones que se derivaban de ella. Por eso, ante esta realidad, es muy urgente que la señora Carrasco abandone la defensa del concejal y estudie y aclare cómo es posible que a una persona le desaparezcan 104 multas”, ha expuesto el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, quien remarca que “a un ciudadano le puede desaparecer una multa; tres es tener mucha suerte; diez ya es preocupante; pero 104 exigen una investigación inmediata”.
Además, la formación recuerda que estas 104 sanciones no constaban en el registro general de multas impagadas de 2023, pese a representar aproximadamente el 27% del total. Para Compromís, este hecho evidencia la necesidad de esclarecer cómo se produjo esta situación dentro del Ayuntamiento. Por este motivo, la coalición presentará una moción en el próximo pleno municipal con el objetivo de revisar los procedimientos y protocolos y evitar que un caso así vuelva a repetirse.
Garcia ha advertido que “la señora Carrasco no puede limitarse a mirar hacia otro lado: no puede ser que haya gente que se libre de las multas y, como son del PP, no pase nada”.
Aumento de multas no recaudadas
En paralelo, Compromís señala que la documentación oficial muestra una tendencia creciente de multas no recaudadas de un año a otro. Según los datos, en 2023 quedaron pendientes 286 sanciones, mientras que en 2024 la cifra prácticamente se triplica, superando las 900. La coalición considera que esta evolución “merece una revisión interna por parte del gobierno municipal”.
Asimismo, la formación destaca que los recibos pendientes del IBI urbano en período voluntario también han aumentado. Según los datos oficiales facilitados por el consistorio, han pasado de 11.509 en 2024 a 13.763 en 2025, lo que supone un incremento del 19,5% en solo un año.
Compromís señala que este conjunto de datos pone de manifiesto “problemas de gestión que el Ayuntamiento debe afrontar”. La coalición considera que es responsabilidad del gobierno municipal mejorar los procedimientos y garantizar que funcionen con eficacia, especialmente en aquellas cuestiones que afectan directamente a la ciudadanía.
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