Estas investigaciones tuvieron lugar a lo largo del año en curso, en unas ocasiones derivadas de denuncias interpuestas por personas afectadas y en otras, detectadas de oficio por los guardias civiles.
Las localidades afectadas por estas construcciones ilegales han sido Moncofa, Les Useres, La Pobla Tornesa, Navajas, Onda, Villarreal, Benicasim, Artana y Castellón de la Plana.
El apartado 2 del artículo 319 de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, especifica la prohibición de llevar a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en el suelo no urbanizable, en concordancia con el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, urbanismo y paisaje. Las penas de prisión por este delito van de uno a tres años en caso de terrenos no urbanizables, y de un año y seis meses a seis años en caso de terrenos de especial protección.
La Guardia Civil destaca la colaboración de la ciudadanía y la gran preocupación por el cuidado medioambiental de la provincia.
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