El PSOE bloquea en la Mesa del Congreso, junto al apoyo de Sumar (Compromís), el debate de la Proposición de Ley Orgánica que el PP aprueba en el Senado para privar de suministros a quienes okupan ilegalmente una vivienda.
La medida es una más de las propuestas por el PP para solucionar un problema “que genera desesperación e indignación entre los ciudadanos que respetan la convivencia”. Recuerda que el PP aprobó en febrero de 2024 en el Senado la Ley Antiokupación.
«La okupación es un delito y se ha de luchar contra él». Es lo que opina el PPCS que a través de su senador, Jaume Llorens, recuerda que el pasado noviembre el Senado aprobó la Ley Feijóo para privar a los okupas de suministros. «Una medida que permite el corte de este tipo de servicios básicos, como luz, agua o gas, sin que la acción sea tipificada de delito. Porque el delito es, efectivamente, okupar una vivienda».
Así lo manifiesta el senador del PPCS reivindicando el debate en el Congreso de la Proposición de Ley Orgánica aprobada en el Senado con los votos a favor del PP y el voto en contra de PSOE y Compromís. «Nosotros tenemos claro quiénes son las víctimas», ha señalado Llorens. «Otros se dedican a amparar a delincuentes».
Esta iniciativa está paralizada desde el pasado año por la Mesa del Congreso. Con la mayoría de PSOE y Sumar (Compromís) el debate en la Cámara Baja ha entrado en su proceso de enmiendas que «el PSOE aprueba periódicamente para evitar el debate y aprobación del texto por parte del Congreso».
En la actualidad, el periodo de enmiendas se habilita hasta el próximo 4 de febrero. «Y antes de que culmine este plazo se volverá a ampliar. Así se impide el ejercicio democrático de debatir y aprobar textos que, a buen seguro, serían de gran utilidad para el conjunto de los españoles».
Cortar suministros es legal
La Proposición de Ley Orgánica aprobada en el Senado el pasado noviembre recalca que “hasta ahora” la ley tipificaba como delito de coacciones el corte de suministros (luz, agua y gas) de las viviendas okupadas, de manera que el propietario se veía obligado a mantener y pagar esos servicios.
Sin embargo, el texto defendido y aprobado por el PP parte del planteamiento de la Audiencia Provincial de Barcelona, que unificó criterios en casos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles, para dar aval al corte de suministros a los okupas sin que pueda considerarse delito por parte del propietario.
Y este paso refuerza el acuerdo de febrero de 2024, por el que el PP aprobó en el Senado una Ley Antiokupación. Este es un problema “que genera desesperación e indignación entre los ciudadanos que respetan la convivencia”. Porque “es evidente quién defiende a vecinos afectados, vecinos y propietarios de inmuebles okupados, y quién está por la defensa de los delincuentes”. Y en este escenario, “España tiene el derecho al debate que hoy Pedro Sánchez bloquea en el Congreso y que cada vez más españoles piden ejercer en las urnas”, ha concluido el senador.
WOW Castellón 