“Han retirado una subvención de 40.000 euros que es vital para su supervivencia”, ha explicado Nathalie Torres.
“Compromís continuará trabajando con las entidades y la ciudadanía para recuperar todos y cada uno de los derechos recortados”, ha manifestado Cesc Roig.
Compromís por Castelló ha alertado del riesgo real de que la ciudad pierda la Oficina de Vida Independiente (OVI), un servicio clave para las personas con discapacidad y dependencia, después de que la Generalitat haya retirado una subvención de cerca de 40.000 euros y de que el gobierno municipal de Begoña Carrasco no haya previsto ningún convenio ni dotación en los presupuestos de este año para garantizar su continuidad, pese a haberlo anunciado previamente.
Esta problemática fue abordada la semana pasada en una reunión con el responsable de la Oficina de Vida Independiente de Castelló, Benito Pérez, y otros miembros de la entidad, para conocer de primera mano las necesidades del servicio y la situación actual. En el encuentro participaron el concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Pau Sancho, y las personas responsables de Servicios Sociales del Grupo Parlamentario de Compromís en Les Corts Valencianes, Nathalie Torres y Cesc Roig, así como la diputada Vero Ruiz y el portavoz de Compromís en la Diputación de Castelló, David Guardiola.
La Oficina de Vida Independiente de Castelló es una entidad sin ánimo de lucro que acompaña a personas con discapacidad en el acceso a la asistencia personal, un recurso clave para vivir con autonomía y desarrollar un proyecto de vida propio. Solo en 2025, la OVI atendió de manera directa a 642 personas y, entre 2021 y 2025, dio apoyo a un total de 2.818 personas, además de cientos de impactos indirectos a través de acciones de formación, asesoramiento y sensibilización en el territorio.
“Es absolutamente inaceptable que Castelló renuncie a un servicio tan esencial como la Oficina de Vida Independiente, reconocida por todas las entidades de la discapacidad por su utilidad y necesidad”, ha señalado Pau Sancho, quien ha remarcado que “estamos hablando de un recurso que no presta ninguna otra entidad y que permite a muchas personas vivir con autonomía, tomar decisiones sobre su vida cotidiana y continuar arraigadas a su entorno”.
Por su parte, la diputada autonómica Nathalie Torres, ha denunciado que “la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, y el presidente de la Generalitat han decidido que la Oficina de Vida Independiente de Castelló no es lo suficientemente importante y, por ello, le han retirado una subvención de 40.000 euros que es vital para su supervivencia”. Torres ha subrayado que “para una conselleria con un presupuesto de miles de millones, esta cantidad es irrisoria, pero para cientos de familias es una cuestión de dignidad y de poder continuar con su proyecto de vida”.
Desde Compromís alertan de que, si esta situación no se revierte de manera inmediata, la OVI no podrá asumir el pago del personal técnico y se verá obligada a dejar de prestar su servicio. “Hablamos de una pérdida que no se puede aceptar, porque supone dejar sin apoyo a personas que necesitan acompañamiento institucional para poder vivir con autonomía”, ha reiterado la formación.
El diputado de Compromís en Les Corts, Cesc Roig, ha enmarcado esta situación en una dinámica más amplia de recortes de derechos sociales por parte del gobierno del Partido Popular y ha advertido de que este “está recortando las leyes que defienden los derechos de las personas LGTBI, abriendo la puerta a las terapias de conversión, tratando a las personas trans como enfermas y persiguiendo el activismo”. En este sentido, ha añadido que “Compromís continuará trabajando con las entidades y la ciudadanía para recuperar todos y cada uno de los derechos recortados y hacer frente a un PP que ha regalado derechos a la extrema derecha para continuar en el poder, después de la nefasta y criminal gestión de la Dana”.
Finalmente, Compromís lamenta que, una vez más, el gobierno de Begoña Carrasco dé la espalda a las personas que más apoyo necesitan de las instituciones públicas y no active ninguna solución para garantizar la continuidad de un recurso esencial, mientras prioriza otros gastos por encima de las necesidades sociales reales de las castellonenses y los castellonenses. En este sentido, la formación exige una solución inmediata.
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