El caso de las multas de la zona azul presuntamente sin pagar del ya exconcejal de Movilidad de Castelló, Cristian Ramírez, ha entrado en una nueva fase después de que el Juzgado de Instrucción nº 5 haya notificado ya a las partes la reapertura ordenada por la Audiencia Provincial y haya dado traslado al Ministerio Fiscal para que retome la investigación.
El propio auto señala que “procede la reapertura de las diligencias, vistas las actuaciones recibidas del Juzgado de Instrucción, de las que se desprende la presunta participación en los hechos denunciados de Cristian Ramírez”, lo que justifica continuar con la instrucción y esclarecer lo ocurrido, más allá de la dimisión reciente del concejal de Begoña Carrasco.
La Audiencia Provincial ya había dejado claro que resultaba “sorprendente” que decenas de multas pudieran prescribir sin notificarse a una persona perfectamente localizable y había ordenado investigar si la prescripción masiva podía estar vinculada a un posible delito de tráfico de influencias u otra actuación con relevancia penal. Ahora, el juzgado concreta esa reapertura y activa diligencias para determinar qué ocurrió exactamente con las sanciones impuestas entre enero de 2023 y enero de 2024.
En concreto, se requerirá al Ayuntamiento de Castelló información detallada sobre el número de multas en la zona ORA del vehículo de Cristian Ramírez del 1 de enero de 2023 al 30 de enero de 2024, su recorrido administrativo y su paso —o no— a la fase de recaudación ejecutiva, así como los trámites realizados por los distintos departamentos municipales.
El PSPV recuerda que la documentación aportada al juzgado recoge que, de las 167 sanciones que pudo recibir Ramírez en el año que se investiga, presuntamente 88 multas fueron cuando ya era concejal de Movilidad, de las cuales al menos 70 no constan como abonadas y prescribieron.
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