Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, indica que “cualquier paso que avance hacia el principio de mismas reglas para todos es una buena noticia, aunque queda mucho camino para recorrer”
La Comisión Europea incluye una propuesta para fijar por fin un límite máximo de residuos (LMR) en los productos agrícolas importados para determinadas sustancias que no están autorizadas en la Unión Europea, tal y como La Unió Llauradora ha trasladado con informes en los últimos tiempos en las instancias comunitarias.
La Comisión ha presentado recientemente el paquete legislativo conocido como “Food & Feed Omnibus”, una iniciativa que incluye cambios en la normativa sobre límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos, regulada por el Reglamento (CE) 396/2005. Entre las novedades más relevantes, destaca en los residuos lo que se conoce como el “cero técnico”, es decir, el nivel más bajo que puede detectar un laboratorio con fiabilidad, para determinadas sustancias que no están autorizadas en la Unión Europea y que se consideran especialmente preocupantes.
En la práctica, esto significa que, si una sustancia está prohibida en la Unión Europea por motivos de salud o ambientales, la presencia de esos residuos en productos importados podría quedar limitada al mínimo detectable. Es un paso importante porque refuerza un principio que LA UNIÓ reclama desde hace años y es que, si una sustancia no se puede utilizar en Europa, tampoco tendría que servir para producir alimentos que después entren a nuestro mercado. Esta propuesta implicaría una mayor seguridad alimentaria en aquellos productos importados que se revisan en frontera, aunque desde LA UNIÓ se insiste en que los productos procedentes de países terceros que quieran exportar a los mercados de la UE, deben cumplir con los mismos estándares de producción.
Esta evolución normativa no aparece de la nada. Responde también a la presión constante del sector agrario europeo y, en particular, al trabajo realizado por organizaciones profesionales agrarias como LA UNIÓ y su organización estatal Unión de Uniones de Agricultoras y Ganaderos, que han trasladado reiteradamente con informes a las instituciones europeas la necesidad de aplicar el principio de reciprocidad en las importaciones agrícolas.
Mientras que las explotaciones de la Unión Europea tienen que cumplir normas cada vez más estrictas en materia sanitaria, medioambiental y de seguridad alimentaria, a los mercados comunitarios llegan productos agrícolas procedentes de terceros países que han sido cultivados con sustancias fitosanitarias prohibidas en Europa. Esta asimetría genera un doble problema. Por un lado, supone una competencia desleal para los productores europeos, obligados a producir con menos herramientas y con costes más elevados. De la otra, genera una incoherencia normativa porque aquello que se considera demasiado peligroso para los agricultores y consumidores europeos puede acabar entrando igualmente en el mercado comunitario a través de productos importados.
Durante años, se ha venido advirtiendo que el mercado europeo no puede continuar funcionando con dos velocidades, una para los productores comunitarios, sometidos a restricciones cada vez más estrictos, y otra para los productos importados que compiten en los mismos lineales.
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, indica que “cualquier paso que avance hacia el principio de mismas reglas para todos es una buena noticia, aunque queda mucho camino para recorrer. Su efectividad dependerá de cómo se aplique en la práctica y de hasta donde llegan las decisiones finales en el proceso legislativo porque debería ser una regla clara y generalizada. Esto implica avanzar hacia la aplicación real de las llamadas cláusulas espejo, de forma que los productos importados tengan que respetar los mismos estándares fitosanitarios, medioambientales y de producción que se exigen a los agricultores europeos”.
Los productores valencianos de cítricos, arroz, miel, uva de mesa, almendras, frutas y hortalizas han visto como en los últimos años aumentaban las restricciones sobre fitosanitarios autorizados, muchas veces sin alternativas eficaces disponibles. Mientras tanto, el mercado europeo continúa recibiendo productos cultivados con sustancias que los agricultores europeos tienen prohibidas. Esta situación genera un desequilibrio competitivo evidente que pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones agrarias. Peris señala que “el futuro de la agricultura valenciana depende, en gran medida, de una idea muy simple como es la de que no se puede exigir cada vez más a los agricultores europeos mientras el mercado continúa abierto a productos producidos con normas mucho menos estrictas. Si Europa quiere una agricultura sostenible, también tiene que garantizar condiciones de competencia justas. Si una materia activa no se puede utilizar, no se debería importar un producto que en su fase de cultivo haya hecho uso de ella”.
Al mismo tiempo, la organización ve imprescindible un aumento de los controles en frontera hasta el 50% y también en origen, mejorar los sistemas de inspección y exigir certificados de uso de materias activas en el proceso.
WOW Castellón 