La Guardia Civil de Oropesa del Mar ha desarrollado una operación que ha culminado con la detención de un matrimonio como presuntos autores de una trama de estafas inmobiliarias asentada en la localidad de Oropesa del Mar (Castellón), cuyo perjuicio económico global supera los 200.000 euros.
La investigación se inició tras la interposición de diversas denuncias que alertaban de un patrón común en supuestas operaciones de compraventa de inmuebles que nunca llegaban a materializarse. Las pesquisas permitieron detectar una actividad delictiva continuada, con víctimas repartidas en distintos puntos del territorio nacional.
Según se ha podido determinar, los ahora detenidos utilizaban una estructura empresarial que aparentaba legalidad para ganarse la confianza de compradores y vendedores. Una vez establecida esa relación, solicitaban el abono de importantes cantidades económicas en concepto de reservas u otros gastos asociados a la operación, como supuestos impuestos, que no eran tramitados ante la administración correspondiente.
El entramado se apoyaba en el uso de documentación con apariencia oficial, así como en la utilización de múltiples cuentas bancarias y líneas telefónicas, con el objetivo de dificultar la trazabilidad del dinero y la identificación de los responsables.
Ante el riesgo de fuga detectado durante la investigación, los agentes intensificaron las actuaciones operativas, logrando finalmente la localización y detención de los principales investigados en Oropesa del Mar.
Asimismo, y previa autorización judicial, se llevaron a cabo registros en un domicilio de dicha localidad y en un establecimiento comercial de Castellón de la Plana vinculado a los hechos, donde se intervino abundante documentación relevante para la investigación, así como diversos efectos que están siendo analizados.
De los hechos investigados se desprenden indicios de la posible comisión de delitos de estafa agravada, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, intrusismo profesional y falsedad documental.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión provisional de los detenidos.
La Guardia Civil da por desarticulada esta trama, que habría causado un elevado impacto económico y afectado a aproximadamente 30 perjudicados.
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