Compromís per Castelló ha criticado la decisión del gobierno de Begoña Carrasco de retirar al Ayuntamiento de la defensa jurídica de un caso vinculado a una declaración de interés comunitario concedida en 2008 a una empresa privada. Según señala la coalición, esta decisión facilita mantener una autorización excepcional que beneficia intereses particulares “en detrimento del interés general de la ciudad”.
La formación explica que esta declaración, concedida en la etapa de gobiernos del Partido Popular, permitía a una empresa utilizar un terreno como campa de vehículos en unas condiciones especialmente singulares: sin límite temporal y sin el pago de ningún canon. Sin embargo, la actividad no llegó a desarrollarse durante más de una década.
Ante esta situación, el gobierno anterior inició los trámites para retirar esta declaración, al considerar que no tenía sentido mantener de forma indefinida y sin contraprestación pública una autorización de interés comunitario para una actividad privada que no se había ejecutado. Esta decisión dio lugar a un doble procedimiento judicial en el que el Ayuntamiento defendía la retirada de esta condición.
No obstante, según señala Compromís, después de que el tribunal no diera la razón al Ayuntamiento en primera instancia, el actual equipo de gobierno ha optado por retirarse del procedimiento en lugar de continuar defendiendo los intereses públicos. Aunque este proceso se refiere únicamente a la presencia de esta declaración de interés comunitario en el listado del Plan Genera. La coalición considera, en este sentido, que la decisión es “toda una declaración de intenciones” por parte del gobierno del Partido Popular.
El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha afirmado que “la señora Carrasco demuestra una vez más que el interés particular está por encima del interés general”. Garcia ha añadido que “estamos hablando de una autorización concedida en 2008, de manera indefinida y sin canon, que ni siquiera se llegó a ejecutar, y que el Ayuntamiento ha dejado de defender en lugar de revisar”.
Para la coalición, esta actuación se enmarca en una forma de gobernar en la que, según denuncian, “se da vía libre a intereses privados en lugar de proteger los recursos y el territorio de la ciudad”. Compromís insiste en la necesidad de garantizar que cualquier declaración de interés comunitario responda realmente a las necesidades de la ciudad y genere retorno para la ciudadanía.
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