El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Vila-real ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno con el objetivo de rechazar la regularización masiva de inmigrantes ilegales impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez mediante el Real Decreto 316/2026.
La portavoz de VOX en Vila-real, Irene Herrero, ha advertido de las consecuencias que esta medida provoca en los servicios públicos como en la atención a los vecinos del municipio.
“Desde VOX defendemos que los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a los españoles y a los vecinos de Vila-real, no a facilitar procesos de regularización masiva que premian la ilegalidad y generan un evidente efecto llamada”, ha señalado.
Herrero considera que el Gobierno está utilizando esta reforma para “legalizar de manera extraordinaria a cientos de miles de personas que han entrado o permanecido en España incumpliendo la ley”, evitando además un debate político y parlamentario sobre una cuestión de enorme impacto social.
Además, también alerta de la presión que esta situación ya está provocando en muchos ayuntamientos, especialmente en departamentos como padrón, registro y servicios sociales, donde se está produciendo un aumento de solicitudes y trámites relacionados con este proceso. “Los ayuntamientos no pueden convertirse en oficinas auxiliares de la inmigración ilegal mientras los vecinos sufren retrasos y una peor atención en servicios esenciales”, ha afirmado.
La moción presentada por VOX plantea siete acuerdos, entre ellos el rechazo expreso a la regularización masiva impulsada por el Gobierno, la derogación del Real Decreto 316/2026 y el refuerzo de las políticas de repatriación de inmigrantes en situación ilegal.
Asimismo, VOX reclama que todas las solicitudes y documentos tramitados por el Ayuntamiento sean sometidos a una verificación estricta, individualizada y documentada, evitando informes sin garantías o acreditaciones automáticas.
La iniciativa también pide que no se destinen recursos extraordinarios municipales para agilizar estos procedimientos y que se garantice que la prestación de los servicios ordinarios a los vecinos de Vila-real no se vea afectada.
“Lo primero debe ser proteger a nuestros vecinos, garantizar el cumplimiento de la ley y evitar que los servicios municipales colapsen por decisiones impuestas desde el Gobierno central”, ha concluido Irene Herrero.
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